Por Doris Elisa Bustamante

Aunque parezca un enredo, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió finalmente quién resolverá la competencia del juzgado que deberá investigar los posibles delitos que se hubieran cometido en el traspaso de las acciones de la empresa de Papel Prensa. Mediante una resolución firmada el martes, un plenario de jueces de dos salas decidió que la Sala III del más alto tribunal penal del país, compuesta por los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, se ocupe del conflicto de competencia de la investigación que tiene como sospechados al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre y que tiene como trasfondo la vinculación con delitos de lesa humanidad.

Hasta esa instancia llegó un recurso interpuesto por Magnetto y Mitre para impugnar la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones que, en diciembre pasado, había resuelto que fuera la justicia federal de la Capital, y no la de La Plata, quien investigara los hechos denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que habrían sido cometidos contra Lidia Papaleo, viuda de David Graiver; su hermano y otros miembros de la empresa, entonces dueños de la planta de celulosa.

Al llegar a Casación se replicó el problema de competencia. Entre la Salas I y III comenzó un ping-pong del expediente para ver cuál de estas dos instancias debería resolver el recurso; ninguna de ellas lo quería tener en carpeta.

La Sala III, que había sido sorteada en un primer momento para resolver la cuestión, alegaba la conexidad con otra causa que llevaba la Sala I. Y la Sala I, a su vez, rechazaba este argumento pues era justamente la conexidad lo que se discutía de fondo.

Finalmente, después de que esta última sala, compuesta por los jueces Luis María Cabral y Raúl Madueño, recibiera por tercera vez el recurso –y sin declinar su postura de rechazar la causa– lo elevó a la presidencia del tribunal para que se definiera de una vez por todas, después de 8 meses de estar enredado en los pasillos de Comodoro Py, quién debía hacerse cargo del recurso.

La decisión de la Cámara Federal, que impugnaron los imputados en diciembre, había respondido a otro conflicto de competencias entre el juez federal de la Capital, Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente para investigar los hechos, pues los relacionó con los delitos de lesa humanidad en el marco de la conocida megacausa Circuito Camps, que ya se encuentra en etapa de juicio.

Y es que tras el traspaso de las acciones, tanto Lidia Papaleo como otros miembros de la familia fueron detenidos y torturados en el centro clandestino de Puesto Vasco, ubicado dentro del circuito bajo las órdenes del enotnces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps.
Después de remitir el expediente al juzgado Federal de La Plata de Arnaldo Corazza, quien había instruido la megacausa, y éste a la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, quien dictaminó a favor de la justicia porteña, Rafecas volvió a rechazar su competencia y la elevó a la Cámara Federal para que definiera la situación. Su decisión, además de apartar a Rafecas, fue la que apelaron los accionistas privados de Papel Prensa.

En la resolución del martes, los jueces Pedro David (presidente del tribunal), Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, miembros de las otras dos salas, resolvieron “dirimir la cuestión de competencia negativa , dando intervención a la Sala III de esta Cámara Federal de Casación Penal para la resolución –sin más trámite–, de la causa” en cuestión. Los magistrados rechazaron así el argumento de conexidad que es, precisamente, lo que se debe definir en todo este lío de competencias judiciales.