El retorno a sus funciones presidenciales de la doctora Cristina Fernández vino acompañado de un discurso con fuerte contenido político. En eso no hay novedad. Tampoco en que la Presidenta contestara los incomprensibles dichos, que rozaron el absurdo, del primer ministro inglés, David Cameron, acusando a la Argentina de colonialista.

En torno de este tema, lo que generó una serie de discusiones fue la observación de la primera mandataria respecto de la ausencia de denuncias por parte de las ONG ambientalistas, tanto nacionales como internacionales, sobre la depredación de recursos naturales a manos del Reino Unido en la zona de Malvinas.

Al día siguiente, una de las organizaciones ambientalistas más grande y conocida, Greenpeace, salió no sólo a responder a la Presidenta (que no había mencionado a esta ONG en particular) sino a criticar la política medioambiental del Gobierno nacional, con una afirmación categórica: “Dentro de sus políticas de gobierno, la cuestión ambiental ha brillado por su ausencia”.

Así, se abre la puerta no sólo a la cuestión medioambiental sino al modo en que se construyen la agenda de las políticas públicas en general. En este caso, en su discurso, Cristina Fernández enlazó la cuestión ambiental con la soberanía del Estado argentino: al explotar los recursos naturales, Gran Bretaña no sólo los destruye sino que lo hace afectando la soberanía de otro Estado. La crítica no se apoya en el preservacionismo de los recursos sino en el derecho de los Estados a tener el control de los que se halla en su territorio.

La nombrada “recuperación del Estado”, tan presente desde hace unos años, tiene que ver también con la reconsideración de su soberanía y la capacidad para llevar adelante las acciones políticas, legitimadas en el principio de la soberanía estatal.

No se trata de que la Argentina pueda emular a Inglaterra y depredar esos mismos recursos. Sino que aquel país comete una doble violación: del mantenimiento del medio ambiente, pero también de la soberanía del Estado argentino.

Las ONG en general, y Greenpeace es una de ellas, no piensan de ese modo. Si bien el panorama es muy variado en cuanto a sus posiciones, el preservacionismo y un discurso, que si bien es difícil de encasillar, se lo puede describir como antiindustrialista, en tanto el desarrollo de la industria implica un uso intensivo de recursos naturales y la alteración del medio ambiente. Estos principios están por encima de la soberanía estatal.

De este modo, ante distintas iniciativas de los Estados, las organizaciones ambientalistas reclaman el derecho a intervenir para que, o bien el proyecto sea sustentable, o bien sea cancelado si ello no se asegura.

Este principio, en el que puede encontrarse un importante consenso en términos generales, no es tan lineal. Cualquier política de industrialización tiene muchísimos actores en juego: los diferentes niveles estatales, las empresas, los sindicatos, otras empresas o talleres que dependen del emprendimiento, ciudades, organismos internacionales… la lista es amplia. El punto en cuestión tiene que ver con los procedimientos para definir, en este caso, la sustentabilidad de un proyecto; porque ésta debería ser en un sentido muy amplio, contemplando, muy especialmente para nuestros países en vías de desarrollo, la posibilidad de hacer un uso armónico de los recursos naturales, con la necesidad de crear empleo y considerar un valor agregado a la economía.

En este sentido, la responsabilidad de los países industrializados, no es la misma que la de los nuestros.

Por lo que trascendió en los medios, a la voz de Greenpeace le pareció suficiente con esa frase para definir la política medioambiental del Gobierno actual. Lo que parece más complejo es cómo pensar una política que contemple los aspectos ya señalados, reconociendo la centralidad del Estado como espacio de consensos, y el necesario proceso de legitimación que las diversas voces de la sociedad deben construir.