Reclaman control a la agenda de los tribunales
Por Horacio Aranda Gamboa
La Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a derechos humanos cometidos durante la dictadura militar denunció ayer las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal.
En su informe de cinco páginas difundido a cuarenta y ocho horas de que en su discurso de asunción la presidenta Cristina Fernández reiterara el reclamo a la Justicia para que antes del 2015 se haya “dado vuelta definitivamente una página trágica de la historia”, la Unidad a cargo de Jorge Auat y coordinada por Pablo Parenti, denunció “las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de los tribunales orales”.
El dossier también da cuenta de que en la actualidad “se registra un total de 806 personas procesadas” de las cuales 412 de ellas “ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio”, en tanto que “otras 102 tienen alguna causa” en la que la fiscalía solicitó su elevación a juicio.
Por otro lado, la Unidad consignó que desde el regreso de la democracia a la fecha “existen 265 personas condenadas desde el regreso de la democracia”. En ese sentido argumentó que al 2008 “había 70 condenados, mientras que al finalizar el 2009 ese número aumentó a 100 y a fines del 2010 a 199”, en tanto que a lo largo de 2011 ya “han finalizado 19 juicios en los que se juzgó a 88 personas, 8 de ellas absueltas y 80 condenadas”, 65 de las cuales por primera vez.
En comunicación con BAE y consultado sobre las demoras que advierten en Casación, Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal señaló que a la fecha “tenemos solamente 43 sentencias firmes en toda la historia de los juicios, incluyendo al de las Juntas Militares”, por lo que, en definitiva, “de los juicios posteriores a la reapertura hay muy pocas sentencias firmes”.
También subrayó que si bien “en los últimos tres o cuatro años hubo muchos juicios, aun existe una gran demora en la revisión de las sentencias”, lo que ocasiona “que técnicamente los imputados sigan sometidos a proceso y no se puede ejecutar la condena, por lo que estén con prisión preventiva o gozando de su libertad”.
El funcionario advirtió que “en diciembre de 2010 mandamos un informe a Casación y a la Corte detallando causa por causa y poniendo de manifiesto esta preocupación”, pero todavía “no hemos obtenido respuesta más que de manera informal”, y dijo que “ellos alegan que los retrasos son por cúmulo de trabajo, lo que por un lado es verdad”, pero si este tema “es política de Estado, esa respuesta no es admisible y hay que buscar una solución”.
Parenti destacó que “la actuación de las distintas salas” de Casación no son parejas, ya que mientras “la Sala 4 viene trabajando muy rápido, no ocurre lo mismo con la Sala 2”. En esta última “tenemos una sentencia del primer juicio que se tramitó en Corrientes, el del Regimiento 9, que es del 2008”, y pese a haber transcurrido “33 meses todavía no se fijó fecha de audiencia”.
El coordinador de la Unidad se quejó de que no exista “ningún organismo en el Poder Judicial que controle lo que hace un tribunal con su agenda” y consideró que si bien “en los últimos años el proceso de juzgamiento se consolidó en todo el país, de ninguna manera tenemos que tener la sensación de que está todo hecho o que se han removido todos los obstáculos”.
Sobre el párrafo que le dedicó la Presidenta a los juicios durante el acto de reasunción dijo que “ésa es la misma demanda que hacemos nosotros o los organismos”, pero opinó que “no se puede hablar de una fecha de finalización de los juicios porque siempre pueden existir hechos por investigar, por lo que acá no va a haber una fecha de punto final”, aunque “cuanto antes tenemos que concretar los procesos que ya están en marcha”.
