Ene 08 2017 - 21:19

La punta del iceberg

Las motos en definitiva resultaron ser el hilo conductor de una maniobra de magnitud sorprendente

Leandro Martí
Especial para BAE Negocios

La investigación judicial que permitió la desarticulación en diciembre pasado de la banda que se dedicaba a contrabandear, entre otras cosas, motos de alta cilindrada en su mayoría Harley Davidson, es sólo la punta de un iceberg. Las derivaciones de la causa que lleva adelante al menos por un mes más la jueza Sandra Arroyo Salgado (se declaró incompetente, pero las partes apelaron) son impredecibles y tienen en vilo a muchos actores. Las motos en definitiva resultaron ser el hilo conductor de una maniobra de magnitud sorprendente. La banda, integrada por gente de alto poder adquisitivo y aceitados contactos con la Aduana, encontró un artilugio para patentar motocicletas e ingresarlas así al circuito legal. Se trataba del decreto 73/10 que permitía reempadronar motos fabricadas antes de 1989, sólo con una verificación policial y dos testigos que acrediten a modo de declaración jurada su origen lícito. El espíritu de esta norma estaba orientado a las motos clásicas, muchas con papeles extraviados, heredadas de familiares o simplemente con documentación de municipios. Uno de los líderes de la banda, Alejandro Calian, hoy preso en la cárcel de Ezeiza, era el importador con fluidas relaciones con la administración anterior. Conocido en la noche porteña, de alto perfil estilo Leonardo Fariña. Todos sus movimientos estaban articulados por el despachante de aduana, Sergio Fabián Condesse. Ambos, junto con Laura Fabiana Mansur, Juan Francisco Sánchez Berbel, Horacio Rotela, José Luis Quijano, Cristian Larramendi y Aldo Javier Montenegro, fueron encarcelados y recibieron el procesamiento con prisión preventiva.

Las motos Harley Davidson
eran armadas en un taller de barrio

 

Las motos, todas modelos posteriores al 89 eran adquiridas en Estados Unidos e ingresadas semi desarmadas en contenedores, cuyo contenido declarado era otro. Una vez concretado el contrabando se iniciaba el proceso "blanqueo". El mismo consistía en volverlas a armar, para lo cual contrataron los servicios de un taller de barrio en Capilla del Señor, y hacer la verificación policial con la connivencia de los peritos policiales. De ahí, con ese documento y dos testigos las patentaban convirtiéndolas en motos "con papeles". El único impedimento era que no se podían transferir por los próximos dos años. Otra ramificación de la misma operatoria consistía en el ingreso motores sueltos, similares a los Harley Davidson, marca Revtech, y cuadros genéricos, con números de VIN (Vehicle Identification Number) inventados. Estas eran armadas en el local RGM de la zona norte del conurbano bonaerense y vendidas a una calificada clientela, entre los que se destacan empresarios, deportistas y reconocidos políticos. El local dio de baja su página de Facebook y cerró definitivamente sus puertas.

La política metió la cola
Pero esta maniobra con las motocicletas resultó ser el detonante para la reaparición pública de Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte aún sigue sin resolverse. Y también para una ruidosa conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se apoderó de la escena, justo en momentos en que los funcionarios hacen lo imposible para aprobar el examen anual que el propio Presidente le toma desde el sur a todo su Gabinete. Ambas envían señales a distintos destinatarios. La magistrada tiene en la mira como uno de los líderes de la banda a una persona muy cercana a Julio De Vido. Cristina lo sabe. Por su parte, Bullrich necesita demostrar que su embestida contra la Aduana tiene asidero, tras la fallida jugada que involucró a Juan José Gómez Centurión y que bastante dolor de cabeza le provocó a Macri.

Se importaron cuadros genéricos,
con números de VIN inventados

 

La ministra sabe que las motos le otorgaron ribetes mediáticos a la causa, máxime si sale a la luz algún pariente de un famoso como el ex marido de la modelo Araceli González, Rubén Torrente. Este declaró ante la justicia que adquirió la moto en cuestión de "buena fe" y logró mantener su libertad, aunque muchos que conocen el entorno de Calian aseguran que la relación de ambos data de varios años. Pero lo que Bullrich tiene bien en claro es que esta causa es sólo la punta de un iceberg de dimensiones aún no cuantificadas. Alguien desde la cúpula del poder tiene el dato que se trata de una caja de pandora en manos de una jueza "impenetrable". Es por ello que la ministra fue llamada a silencio, y no en los mejores términos.

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